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Pablo García Molina
Profesor Sustituto Interino de Derecho Procesal
Universidad de Cádiz

 

Dice el art. 24.2 CE que, entre otros, todos tenemos derecho a no declarar contra nosotros mismos, a no confesarnos culpables y a la presunción de inocencia. Sin embargo, los que nos dedicamos de una u otra forma al Derecho sabemos que esto no es del todo cierto. ¡Ojalá que lo fuera!, como dice Alonso Martínez en el apartado IX de la Exposición de Motivos de la LECrim. Con todo, la realidad es más bien la contraria. Cualquiera que alguna vez haya pisado el foro sabe que, como dice el refrán, quien calla, otorga; como dicen en las películas americanas, todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra; y que, en contra de lo dispuesto en el art. 24.2 CE, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Es decir, lejos de la presunción de inocencia que preconizan nuestros textos legales, lo que en la realidad tenemos es presunción de culpabilidad, que habrá que destruir a lo largo del proceso y, especialmente, en el juicio oral, con las pruebas que la defensa tenga a bien utilizar para tal fin.

Y es que esto de la presunción de inocencia no es una cuestión baladí. Hasta la Unión Europea ha legislado recientemente sobre este tema, y al efecto véase la Directiva 2016/343, con la que se obliga a los Estados miembros a garantizar “que se presume la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley”. ¡Ah! ¿pero esto no se hacía ya? Parece que no. Y si no que se lo digan a Diego Pastrana, un joven canario, de 24 años de edad, que fue detenido en 2009 por la muerte de la hija de su compañera sentimental, de 3 años de edad. Al principio varios informes médicos le culparon de haber lesionado y agredido sexualmente a la menor. Sin embargo, posteriormente, la autopsia, que se conoció a los dos días, descartó esta versión y atribuyó la muerte de la niña al golpe que se dio ésta fortuitamente al caer de un columpio días antes. En este caso, que causó un gran revuelo mediático, la sociedad y los medios de comunicación sometieron al imputado a un brutal linchamiento mediático. El periódico ABC del sábado 28 de noviembre de 2009 publicó en portada una foto del procesado a cara descubierta y tituló la noticia como “La mirada del asesino de una niña de tres años”. Pero ahí no queda la cosa, porque en páginas interiores trataba lo acontecido bajo el título “Novio, canguro y asesino”. Tras comprobarse que este sujeto era inocente el Periodismo entonó el mea culpa, comenzando por el periódico ABC. A pesar de ello, poco ha cambiado desde entonces, y si no que se lo digan a los presuntos violadores de la Feria de Málaga que unos años más tarde, en 2014, se vieron sometidos a un escarnio público similar.

Cooperadores necesarios de este despropósito suelen ser, en algunas ocasiones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades varias, y, por supuesto, los medios de comunicación, que en todo esto juegan un papel capital.

Quizás habría que seguir las recomendaciones de Francesc Barata, que en su artículo titulado “La devaluación de la presunción de inocencia en el periodismo” sostiene que para superar estas deficiencias, entre otras medidas, “los periodistas deberían abstenerse de construir la sospecha o la culpabilidad de los acusados mediante las declaraciones de la policía o de los ciudadanos. Nunca deberían reproducir la imagen de los detenidos hasta que estos fueran considerados culpables, como tampoco facilitar su identidad ni divulgar datos relativos a su vida privada”. Precisamente sobre esto último se ha regulado recientemente en el art. 520.1 LECrim., al introducirse que “quienes acuerden la medida [la detención o la prisión provisional] y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores [es decir, jueces y policías], velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos [se refiere al detenido o preso], con respeto al derecho fundamental a la libertad de información”. No obstante, esto no hace más que reforzar lo que ya decía anteriormente (y sigue diciendo) este artículo, que es que “la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio”. A pesar de ello, y pese a que esto viene siendo así desde la redacción original de nuestra LECrim., lo expuesto aquí se vulnera diariamente. Valga como ejemplo la imagen de Rodrigo Rato al ser detenido cual Chapo Guzmán (adviértase en esta fotografía quiénes testimonian gráficamente lo acontecido. En España esto no pasa pues con una llamada a los medios de comunicación es suficiente).

Sin embargo, donde este autor pone especial énfasis es en el lenguaje. Respecto de éste en el mundo judicial decía Juan Carlos Arce hace años que “hay en la Administración de Justicia […] un lenguaje de reliquia tan feo y tan rancio, tan absurdo y desusado, que ya no basta con decir que es barroco, sino que es absolutamente arcaico, a veces anterior al siglo XIV. El ciudadano tiembla cuando recibe del juzgado comunicaciones dirigidas a él que no es capaz de entender. Quien lee una comunicación judicial no sabe si le llevan a la cárcel o si ha heredado”. Y en similares términos se pronunciaba Fernando Lázaro Carreter, que, por otro lado, añadía: “según dicen, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero ¿cómo vamos a cumplirla los profanos en tales saberes si no la entendemos? Porque no sólo se legisla para abogados: creo que alguna caridad merecemos los ciudadanos para no correr el riesgo de que nos enchironen estando in albis”.

Y es que, en efecto, no se puede negar que el lenguaje en la justicia está un poco demodé. Para tratar de actualizarlo, como se indica en el apartado IV de su Exposición de Motivos, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, procura utilizar un lenguaje que, ajustándose a las exigencias ineludibles de la técnica jurídica, resulte más asequible para cualquier ciudadano, con eliminación de expresiones hoy obsoletas o difíciles de comprender y más ligadas a antiguos usos forenses que a aquellas exigencias”. En la jurisdicción penal también se ha tratado de cumplir con lo que se acordó en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia (que se aprobó el 16 de abril de 2002 y apostaba por una justicia comprensible) con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En efecto, como señala el apartado V del Preámbulo de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, “la reforma también tiene por objeto adaptar el lenguaje de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los tiempos actuales”.

Y es que es precisamente en la jurisdicción penal donde todo esto tiene mayor trascendencia y repercusión. En ella los problemas del lenguaje jurídico comienzan ya con los primeros compases del proceso penal, pues, como bien apunta Francesc Barata en la obra que hemos citado anteriormente, “las personas detenidas por la policía pueden ser catalogadas de acusadas, imputadas, indiciadas, supuestos autores de, detenidas en relación con…”. Con tantas y tan variadas denominaciones es normal que no haya quien se aclare, lo que, más pronto que tarde, conduce a que confundamos los términos y las consecuencias que cada uno de ellos lleva aparejada.

Esto lo saben bien los políticos, para los que la imputación ha dejado de ser, más que una garantía para enfrentarse al proceso penal que se les viene encima, un problema político de primera magnitud. El debate está en la sociedad y en los propios partidos que se afanan por precisar en qué momento es preciso remover al político de su puesto (si cuando declara ante la policía, ante el juzgado, con la imputación formal, con la apertura del juicio oral,…) antes de que la justicia popular medieval que representamos todos reclamemos (figuradamente, claro) la cabeza de sus máximos representantes. Lo que nadie se para a preguntarse es qué hacemos si finalmente ese político es absuelto, cómo podemos restituir su honor y revertir las consecuencias de una condena mediática que se ha visto, a buen seguro, agravada por el hecho de tener que dejar el cargo que ocupaba con ocasión de estar “imputado” y por qué ese mismo nivel de exigencia no se lo demandamos a otros profesionales.

Quizás por ello el legislador ha actualizado recientemente la LECrim. (y, curiosamente no la Ley Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, a pesar de que también ha sido reformada recientemente) para “eliminar determinadas expresiones usadas de modo indiscriminado en la ley, sin ningún tipo de rigor conceptual, tales como imputado” y sustituirlas por los términos investigado y encausado, según la fase procesal en la que nos encontremos. A pesar de ello mucho nos tememos que con este cambio terminológico no se va a lograr “evitar las connotaciones negativas y estigmatizadoras de esa expresión”. En primer lugar, porque desterrar el termino imputado, tan de moda últimamente, de nuestro vocabulario, no es tan sencillo como decirlo en una ley. Y, en segundo lugar, porque la nueva nomenclatura no tendrá una connotación negativa mientras que los ciudadanos no la relacionen con el termino anterior, pero más pronto que tarde volverá a identificarse al investigado o al encausado con el antiguo imputado, lo que nos obligará de nuevo a cambiar la ley para sustituir estos términos por algún otro que carezca de connotaciones negativas y estigmatizadoras.  

La guerra por la simplificación del lenguaje jurídico ha alcanzado también a los préstamos lingüísticos, que son los elementos, generalmente léxicos, que una lengua toma de otra y que pueden proceder de lenguas vivas extranjeras (extranjerismos) o ser voces o expresiones latinas (latinismos). Éstos, a su vez, pueden ser adaptados o no adaptados, según se utilicen o no con su grafía y pronunciación originarias y presenten o no rasgos gráfico-fonológicos ajenos a la ortografía del español. Respecto a los extranjerismos hemos de destacar, como bien ponía de relieve recientemente Carlos Mayoral en un artículo periodístico, el aumento de su uso en nuestra lengua. El ámbito del Derecho no escapa a esta realidad, especialmente en el Derecho de la empresa, y por eso ya a nadie le extraña oír términos como bufete, vis a vis, dosier, fax, hachís, esnifar, doping, due diligencie, dumping, venture capital, e-commerce, start-up, hacker, coaching, management, stock option, leasing,Ni siquiera los profesores de Derecho podemos abstraernos a esta realidad cuando tras acabar de dar las clases del máster en nuestros campus, encendemos el PC, nos conectamos a Internet (ya sin módem, ahora por wifi), una vez on line
cuando pinchando un link tenemos acceso a las normas de publicación para redactar el abstract del artículo que enviaremos con un clic por e-mail para que, tras su edición y publicación, se convierta en un best seller sujeto, como no podía ser de otra forma, al copyright de los autores. Respecto a los latinismos mucho nos tememos que locuciones como ab intestato, iuris et de iure, iuris tantum o in dubio pro reo, que parecen haber salido más bien de la boca de Harry Potter que de un jurista del siglo XXI, también están en serio peligro de extinción. No sólo ya porque ciertamente cada vez su uso en la práctica forense es menor, sino, especialmente, porque incluso desde instancias judiciales se tiende a ir en esa dirección.

La mejora en el lenguaje jurídico es un fin loable en el que conviene trabajar, pues está claro que la justicia que no se entiende, no es justicia. No obstante, a mi juicio, llevarlo hasta los extremos que se pretende, despojando el leguaje judicial de tecnicismos, latinismos, expresiones y palabras históricamente arraigadas a nuestra rama del saber me parece ir demasiado lejos. Hemos de tener en cuenta que aunque el derecho de defensa puede ejercerlo el ciudadano por sí mismo (autodefensa) o por medio de un abogado (defensa técnica), como ha puesto de manifiesto la doctrina en innumerables ocasiones las manifestaciones autodefensivas en nuestra legislación son prácticamente testimoniales. Ello quiere decir que en la mayor parte de los casos el ciudadano está obligado a contar con un defensor técnico, siendo una de sus funciones esenciales, quizás la principal, informar, asesorar y explicarle a su defendido todo lo que acontezca durante el proceso. Por otro lado, curiosamente este debate no se plantea en otros ámbitos del saber como, por ejemplo, en la medicina, donde ya no sólo cuesta saber qué dicen los profesionales que la ejercen por los conceptos que utilizan (lógico al tratarse de tecnicismos de dicha rama del saber) sino además por la famosa “letra de médico” (científicamente comprobado) con la que nos obsequian en sus escritos. Más allá de que tanto en el Derecho como en la Medicina debería hacerse el esfuerzo, dentro de lo razonable, de ser más fácilmente comprensibles, tal vez el problema no lo tenga el emisor del mensaje sino el receptor, en el que quizás habría que poner el foco.

En resumen, parece imparable la adaptación del lenguaje jurídico a los tiempos que corren, por lo que en el proceso del futuro, ante una detención presumiblemente irregular, convendría pedir más bien el Corpus Christi, expresión sin duda más arraigada a la tradición española que el habeas corpus de toda la vida y, además, en plena sintonía con las providencias que dictan los magistrados. Desgraciadamente, en caso de ser necesario, ya no se podrá proceder a insacular a los peritos ni habrá deposiciones de testigos, ¡con lo bonito que es escuchar deponer al testigo en el acto del plenario antes de evacuar el informe! Como se recomendó en la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, en un futuro no muy lejano, en vez de “emplázase a la demandada a comparecer al juzgado en el plazo de ley”, se la llamará “a presentarse al juzgado correspondiente en el plazo de equis días para...”. Y por supuesto, siguiendo sus consejos, adiós a los “ut supra” y “otrosí digo”. A pesar de ello yo espero que subsista aquello de “firma el juez con las partes”, que, como señala Juan Carlos Arce,  es una “joya de expresión […] que en su sentido común y vulgar, explica ciertamente, por qué no se entiende lo que dicen [los jueces]”. Finalmente, si estamos en desacuerdo con la resolución que ponga fin al proceso, siempre nos quedará decir que “la justicia no es igual para todos”. Lo dicho: juicios para lelos.