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Ezequiel Osorio Acosta
Profesor Titular de Derecho Procesal
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

 

Con la celebración el pasado 26 de junio de elecciones generales el panorama dibujado por los partidos elegidos en el Congreso de los Diputados puede calificarse de fraccionado. Ninguna formación política ha conseguido mayoría suficiente para proponer y elegir a su propio candidato a la Presidencia del Gobierno por lo que deberán producirse alianzas y pactos. Como también serán precisas alianzas y pactos para tratar de conformar las mayorías necesarias para sacar adelante las iniciativas y propuestas constitucionales y legales. Las únicas formaciones que hasta la fecha han dado un paso en el sentido de conformar una mayoría han sido el Partido Popular (PP) y Ciudadanos. Para ello, presentaron ante la prensa y la opinión pública, a finales de agosto, un acuerdo para permitir la investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno.

En el referido acuerdo, con 150 medidas para mejorar España, se colaba como medida número 102 la de Impulsar, desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados. Como vemos, y esto ha sido una constante histórica, el elemento crucial que protagoniza las discusiones sobre el CGPJ tiene que ver con el sistema de elección de sus miembros. Y una vez más, ese sistema entra en el debate político y se convierte en noticiable.

Si se me permite, y antes de adentrarnos en el alcance de ese acuerdo recordemos, de forma abreviada, cómo se ha llegado al sistema actual de elección de vocales:

  • La Constitución (1978) establece en su artículo 122 que el CGPJ lo conforman veinte vocales (además de su Presidente) cuatro elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, entre abogados y juristas de reconocido prestigio, por mayoría de tres quintos de cada Cámara. Y los doce restantes serán elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías en los términos que establezca la Ley Orgánica correspondiente.
  • La Ley Orgánica del Consejo General de Poder Judicial (1980) estableció un sistema por el que los doce vocales correspondientes a Jueces y Magistrados serían elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo a través de una elección mediante voto personal, igual, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo. La circunscripción electoral sería única para todo el territorio nacional.
  • La Ley Orgánica del Poder Judicial (1985) derogó ese sistema de elección y dispuso uno por el que todos los miembros del CGPJ serían elegidos por el Congreso y el Senado, por mayoría de tres quintas partes.
  • En el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia (mayo de 2001), suscrito entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se estableció la conveniencia de un sistema de elección en el que Jueces y Magistrados recuperaran el protagonismo en la elección de los vocales.
  • Ley Orgánica 2/2001, introdujo el sistema de elección pactado entre los que entonces eran partidos mayoritarios (183 y 125 Diputados; 127 y 53 Senadores, respectivamente para el PP y para el PSOE) según el cual los doce vocales nombrados entre Jueces y Magistrados serían elegidos seis por cada Cámara, por mayoría de tres quintos, que saldrían de un listado de 36 candidatos propuestos por las Asociaciones de Jueces y Magistrados o a través de firmas que representen al menos el dos por ciento de los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo.
  • El sistema vigente en la actualidad es el que proviene de la Ley Orgánica 4/2013, que añade un nuevo Libro VIII a la LOPJ y articula un  sistema de designación de los doce vocales de origen judicial, según el cual cualquier Juez o Magistrado en servicio activo en la carrera judicial podrá presentar su candidatura para ser elegido Vocal. Para ello podrá elegir entre aportar el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o el aval de una Asociación judicial. La lista con las candidaturas será remitida al Congreso y al Senado para que procedan a la elección de los doce vocales de designación judicial, debiendo serlo tres Magistrados del Tribunal Supremo; tres Magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera judicial y seis Jueces o Magistrados sin sujeción a antigüedad.

A la vista de la anterior evolución, se observan dos modelos claramente diferenciados: por un lado, el sistema primigenio de 1980 en el que los vocales de designación judicial son nombrados directamente por Jueces y Magistrados. Y el modelo que se ha venido desarrollando hasta ahora en el que todos los vocales son de elección parlamentaria variando solamente la forma de designación de los elegibles.

En la mente de todos, en orden a establecer las deficiencias del sistema de designación, late siempre la crítica al carácter partidista (entendido como voluntad de partido político) de esa designación. Y que ha dado lugar a que el acuerdo parlamentario en la designación de vocales lleve a lo que en distintos foros se conoce como “intercambio de cromos” (reparto por cuotas) entre los partidos, en orden a lograr un acuerdo superador de esa mayoría de tres quintas partes.

La doctrina constitucionalista, más proclive a adentrarse en estos menesteres que la procesalista, ha venido considerando que la elección parlamentaria de los vocales de designación judicial aporta los siguientes valores: 1) la legitimación democrática que emana del Congreso y del Senado; 2) más significada en cuanto que exige una mayoría cualificada y 3) la posibilidad de debatir y cuestionar públicamente los méritos y capacidades de los candidatos. El handicap que tiene en contra, como la realidad nos ha hecho ver, es que se torna en una cuestión estrictamente partidista, en el que los méritos y capacidad de los candidatos no siempre es el elemento decisivo para su elección.

El sistema de elección que se tenía en 1980, que es el mismo que ahora se trata de revivir con el Acuerdo de 150 medidas para mejorar España (que ha sido la base del acuerdo para la investidura que plantea el PP y Ciudadanos), bajo la fórmula de que los doce vocales de designación judicial sean elegidos directamente por Jueces y Magistrados, cuenta a su favor con que elimina la variable partidista, e incluso la sombra de partidismo que acompaña a la idea de que sean las Asociaciones de Jueces y Magistrados las que lleven el peso en la designación de candidatos. Por contra, no contaría con ninguno de los valores que sí aporta el régimen parlamentario de legitimación cualificada y debate público, e introduce uno que nos debe infundar tanto temor, o más que el del partidismo, y es que se caiga en el corporativismo que consiga alejar, aún más, la percepción de la Justicia en nuestro país como independiente e imparcial.

Y en este punto es donde debemos girar la mirada a la realidad parlamentaria que se ha dibujado tras las elecciones del 26 de junio en el que no existe una clara mayoría parlamentaria, lo que hará muy dificultoso cualquier clase de acuerdo para tratar de alcanzar la mayoría de tres quintos del Congreso que se sitúa en 210 diputados: PP (137), PSOE (85), Unidos Podemos (71) y Ciudadanos (32). O 166 senadores para los de su elección: PP (147), PSOE (62), Unidos Podemos (21), Grupo Mixto (17).

Pero no solo resulta dificultosa la obtención de mayorías cualificadas en el Congreso, es que incluso las propuestas de los diferentes partidos en sus programas electorales es bastante elocuente sobre la discordancia entre un sistema de elección de vocales apartidista y la verdadera intencionalidad de los partidos. Así:

  • PP propone en su Programa como apartado 5.2 Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías
  • PSOE: No menciona la elección de miembros del CGPJ como parte de su programa electoral, centrado principalmente en la reforma de la jurisdicción militar.
  • Unidos Podemos: Lleva como propuesta 253 la elección directa del Consejo General del Poder Judicial. Sin mas.
  • Ciudadanos: En su propuesta 285 señala que garantizaremos un órgano de gobierno del Poder judicial independiente y sin partidismos. Hasta que se proceda a reformar la Constitución, propondremos la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que doce de los vocales integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados. Una vez se abra el debate constitucional, propondremos fórmulas que garanticen la independencia mediante el nombramiento de un consejo reducido y con poderes limitados.

​Como se observa, fórmulas amplias, ambigüas y, en el caso de Ciudadanos que es el que más ha concretado su propuesta, propone un Consejo reducido y con poderes limitados, lo cual abre más interrogantes de los que cierra.

Lamentablemente una vez más, en el debate sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se sigue confrontando con lo que parece ser, que no lo son, las dos únicas formas de elección de sus vocales: o elección parlamentaria, o elección por los propios jueces. Cuando lo cierto es que tenemos un Consejo elefantiásico conformado por 21 miembros, siendo así que, por comparar, el Consejo de Ministros más numeroso (el de la legislatura constituyente -1977-) tenía 20 ministros o los 14 de la X legislatura (2011-2016), que le ha hecho merecedor de severas y justificadas críticas por poco ágil y eficaz. También se ignora a otros operadores jurídicos que podrían participar en esa elección, tales como Fiscalías, Abogados, Procuradores, Colegios Profesionales. O propuestas de renovación fraccionada, al estilo de lo que ocurre con los Magistrados del Tribunal Constitucional. Hay donde elegir, sólo falta la voluntad política de aplicar esas alternativas.

Y lo cierto es que ninguna de estas fórmulas alternativas parece tener cabida en la reforma del sistema de elección del CGPJ que manejan los partidos actuales. Piénsese que en fechas recientes (octubre 2016), y cuando aún el Gobierno de España está en funciones, tanto el PP como Ciudadanos han presentado en el Congreso sendas proposiciones no de ley que tienen que ver con el cambio en el modelo de elección. Así, el PP ha presentado lo que llaman “Estrategia nacional de la Justicia”, al tiempo que Ciudadanos presentaba una propuesta de pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e indepedencia de la justicia. Entre estas propuestas, se encontraba la de asegurar, mediante las modificaciones legales necesarias, que la Justicia “sea percibida como inequívocamente independiente”, tanto en sus órganos de Gobierno, como en las Altas Magistraturas y la Fiscalía General del Estado. Llegado el momento de la votación, se produce lo que probablemente veamos repetido en los próximos meses: votan a favor el PP y Ciudadanos; la abstención del PSOE, el Partido Nacionalista Vasco, el Partit Demòcrata Europeu Català y Compromís. Podemos, por su parte, ha votado en contra.

En definitiva, es una certeza la de que a pesar de lo consignado en Acuerdos o en Programas electorales, debemos perder cualquier esperanza de llegar a ver en próximas fechas una reforma del sistema de elección del CGPJ que verdaderamente deje atrás las sombras de partidista o corporativista que le persiguen, y que valore la incorporación de otros criterios que aún no se han tomado en cuenta y es posible que funcionen.