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 Federico Bueno de Mata
 Profesor Ayudante Doctor de Derecho Procesal
 Universidad de Salamanca
 
Cuando nos disponemos a afrontar un gran reto siempre debemos apreciar los riegos y dificultades que todo proyecto lleva aparejados. Una serie de hándicaps que podrían hacer tambalear las metas soñadas y tornarlas en realidades utópicas, dejando al descubierto nuestros miedos y debilidades.
Si optamos por lanzarnos al vacío sin sopesar los pros y los contras puede que nos topemos ante una piscina con poca agua en la que sea difícil nadar y llegar a buen puerto a no ser que la impredecible suerte nos empuje hacia buen puerto. No nos engañemos: la suerte se busca y se trabaja. Por tanto, si nos proponemos afrontar un cambio debemos estar seguros de que lo que planteamos tiene visos de viabilidad.
Debemos ser realistas y tener en cuenta que la sociedad solo valorará el resultado del trabajo terminado sin reparar siquiera en el esfuerzo ni en las horas preparatorias invertidas. Esto quiere decir que, con independencia de que el resultado provenga de una cadena continuada de aciertos, si el producto final es malo, nada de lo anterior será ni valorado ni recordado.
Igualmente, aunque la innovación planteada fructifique y se materialice, siempre quedará un margen para la mejora y para la crítica pues la investigación científica, al menos en el plano del derecho, conforma un todo basado en la retroalimentación incesante en la que gran parte de la doctrina opina sobre cuestiones ya creadas o repiensa conceptos clásicos añadiendo su particular visión. Así, el Derecho avanza gracias a los cambios sociales, a través del tratamiento de nuevos conflictos que deben prevenidos o solucionados a través de nuestro sistema judicial.
Partimos por tanto de una realidad indiscutible: el Derecho siempre va a rebufo de los cambios sociales. Esta verdad genera el mayor de los riesgos que debemos tener en cuenta a la hora de proponer soluciones para colmar vacíos y lagunas en el plano jurídico; pues si la sociedad avanza a pasos agigantados nuestras normas pueden caer en una irremediable obsolescencia. 
Intentar ser innovador en el mundo jurídico puede ser tildado de rara avis al movernos en un terreno impregnado de tradiciones seculares, por lo que proponer cambios en el férreo mundo de las ciencias jurídicas no se convierte en una tarea sencilla sin que algunos crean amenazadas algunas instituciones clásicas del Derecho. Hoy en día nadie puede obviar que el desarrollo de la tecnología es uno de los cambios sociales más importantes y constantes de este siglo, lo que supone un reto para el legislador español y tira por tierra cualquier plan de estudios previos sobre los riesgos que supone la incidencia de las TICs en la Administración de Justicia española.
Si al ya de por sí difícil cambio tecnológico le sumamos la realidad política, económica y cultural de nuestro país; la cual se traduce en un alto sentimiento de resistencia al cambio y una considerable brecha digital, la innovación planteada en términos tecnológicos sobre la justicia española vaticinaba desde hace años deficiencias y problemas que, a día de hoy, se agravan y persisten.
Sin esperar a Directivas ni Recomendaciones nos aventuramos a crear un Plan Español de Modernización Judicial en el año 2009, el cual llegaría a su fin en el año 2012.  Años en los que quién escribe estas palabras dedicó uno de los capítulos de su tesis a estudiar las buenas intenciones de los planes impulsados por el ejecutivo de turno y se mostraba ya crítico al vislumbrar que no era oro todo lo que relucía. Efectivamente no solo la modernización no llegó en el año 2012, sino que fueron necesarios dos planes consecutivos más (2012-2014 y 2014-2016) donde debido a los recortes económico se decidió no invertir más en modernización judicial sino en “racionalizar el dinero ya invertido”, lo que  hizo que  los avances tecnológicos y el desarrollo técnico de nuestros juzgados y tribunales no se actualizase y entrara en fase de “stand by” durante todo un lustro.
Aún así, no quisimos tirar la toalla y para seguir construyendo nuestra particular casa por el “cibertejado” promulgamos la Ley 18/2011 de aplicación de nuevas tecnologías a la Administración de Justicia; texto legal por el que se emplazaba al uso obligatorio de medios tecnológicos por los diferentes profesionales jurídicos a enero de 2016, con el fin de desatascar los órganos jurisdiccionales de papel y establecer sedes judiciales electrónicas que agilizaran plazos y nos erigieran como pioneros respecto al resto de nuestro vecinos europeos. Daba igual capacitar a los jueces o a los abogados o implementar una cultura cibernética en los futuros administrados o invertir una cuantía mínima en revitalizar nuestros equipos o licencias, total quedaban aún cinco años para el 2016. Como proyecto piloto se decidió que serían los abogados y procuradores (estos últimos asediados por una espada de Damocles llamada TICs) quienes se erigirían como ejemplos de adaptación al nuevo universo informático gracias a la utilización del programa LexNet Abogacía para llevar a cabo los distintos actos de comunicación. Quienes mejor que ellos para ver que toda esta aventura era posible y que no nos encontrábamos ante un mal sueño. No tenían nada de qué preocuparse pues las incidencias se irían resolviendo escalonadamente y desde el Ministerio solo pedían confianza y paciencia. Ciertamente, el esfuerzo realizado por estos profesionales, acompañado por multitud de enfados y críticas, ha sido digno de admiración pues no solo se convertían en auténticas cobayas sino que en este proceso de cambio veían peligrar su modelo de negocio y sus quehaceres judiciales diarios.
Llegó el año 2015 y con él un tsunami de reformas que dejó en estado de perplejidad a la mayoría de procesalistas, pues “nuestro mundo” cambió a pasos agigantados y no teníamos tiempo material para asimilar todos los cambios. Entre ese mar de transformaciones sobresalía un texto legal: la ley 42/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que se materializaba lo adelantado por la Ley 18/2011 y nos adentrábamos en una “política de papel cero” y un uso obligado de medios tecnológicos por parte de los profesionales jurídicos siempre que los administrados iniciaran el procedimiento de manera telemática.
Los lectores de este blog podrán tildarme de desconfiado o mal pensado, pero curiosamente a la vez que se producía este cambio, la LOPJ eliminaba la responsabilidad civil de jueces y magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional por ser “poco usada en la práctica” y quedar subsumida en la responsabilidad disciplinaria… ¿Daños y perjuicios derivados de una mala aplicación de las herramientas informáticas? ¿Brecha digital tecnológica?  ¿medidas destinadas a proteger a los propios juzgadores como adelanto de experimentos poco sólidos? Preguntas lanzadas para que el lector formule y elucubre las respuestas que estime oportunas.
El día 1 de enero de 2016 finalmente llegó y con él un verdadero “efecto 2000 judicial” en el que las críticas antes vertidas por abogados y procuradores, se ampliaron al resto de profesionales jurídicos debido a las deficiencias técnicas planteadas por los programas contratados o la falta de interoperabilidad e incompatibilidad entre sistemas de distintas CCAA que seguían sin resolverse. La poca valoración de los riesgos planteados sumados a la falta de inversión económica por parte de los poderes públicos hicieron “sacar los colores” a la nueva E-Administración de Justicia y se pidiera una moratoria en el uso obligatorio de LexNet  o del programa Minerva.
Pues bien, en estos meses en los que se ha seguido buscando la racionalización de los cambios tecnológicos instaurados hemos llegado a un punto en el que el propio sistema ha optado por dar la espalda finalmente a aquellos a los que “obligaron” a ser pioneros en el uso de la plataforma LexNet Abogacía. De esta forma, el pasado viernes 21 de octubre de 2016, el Pleno del CGAE acuerda “redefinir su estrategia tecnológica”, lo que implica la transición de los usuarios del programa LexNet Abogacía al programa LexNet Ministerio. Así, tras un año de funcionamiento se decide que debido a las “ineficiencias y un elevado coste operativo en esta herramienta tecnológica” así como a la “"discontinuidad" del servicio por problemas de logística”, los abogados olviden lo aprendido y se adapten a una nueva interfaz. 
En este sentido, muchas son las dudas que quedan en el aire, tales como dónde quedaron las finalidades para las que se creó LexNet Abogacía o cual ha sido su coste real y si el mismo se ha amortizado por el mero uso de los profesionales. ¿Será este el remedio definitivo a los problemas continuados de modernización de nuestro sistema judicial o nos encontramos ante un parche más para arreglar momentáneamente un problema que esconde un proyecto mal abordado desde su inicio?
Caminante-jurista, no hay camino, ¿se  debe hacer camino al andar o debemos asfaltar la carretera antes de echar a correr a través de ella?