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María Amparo Renedo Arenal
Profesora Contratado Doctor
Universidad de Cantabria

 

Tsunami es el nombre japonés para el sistema de ondas de gravedad del océano que siguen a cualquier disturbio de la superficie, de gran escala y de corta duración; o como los llamábamos de antes, maremoto. Claro, que hablo de otros tiempos, en aquellos en los que  la generalidad de la población no parecía un rebaño de eruditos conocedores de cualquier tema o cuestión del entorno que les rodea.

Ahora cualquiera sabe que el camarón pistola (matis shrimp) libera la tensión acumulada en sus pinzas con una fuerza de 10400 G (ges), que la tortilla de patata se puede servir, además de cómo siempre, en ”texturas”;  y también, cualquier, que siga la cobertura televisiva de algunos de los juicios estrella de los últimos tiempos, sabe que la acusación popular es algo muy malo, y que llamando presunto a un individuo, al que después se califique de ladrón, prevaricador y sinvergüenza, uno se libra de consecuencia jurídica alguna y respeta la presunción de inocencia de dicho individuo (por supuesto, leáse esto con la ironía oportuna).

Todo es efecto de una nueva  cultura, a la que el galardonado bloguero Jordi Pereira, magistralmente, ha puesto nombre,  “La ciencia del Sofá” o, como él mismo la denomina, “la divulgación científica para mentes distraídas”.

El problema es que este tipo de  divulgación, para ser científica, debe de ser extremadamente rigurosa y alejada de adornos de opinión que puedan dirigir la misma hacia direcciones erróneas, porque si no se hace de esta manera, lo obtenido no pasará de ser “culturilla”,  o como se denominaba en la serie de los Simpson, para definir a Lisa, la hija pequeña, “sabelotodismo”.

Intentaré huir, por lo tanto, de lo simple aunque no pasaré de lo sencillo porque, a fin de cuentas, estamos en agosto y los lectores de estas líneas, si los hay, estarán en el solaz de su merecido descanso estival.

No es otra la intención, de esta entrada de blog, que echar un vistazo al paisaje que dejó el tsunami legislativo del 2015 en el proceso penal de nuestro país; de ahí el comienzo y el título. Parece que no hay duda, cuando se habla de tsunamis, que son un riesgo para la vida y las propiedades de todos, y “pudiera” parecer que el torrente de reformas que se produjo durante el pasado año fue igual de destructivo para nuestro proceso penal en línea con lo dicho, pero un análisis sosegado de las reformas llevadas a cabo nos obligan a afirmar que el paisaje, sin lugar a dudas, ha cambiado aunque  no hay grandes pérdidas, o eso piensa la que escribe, a salvo la de una nueva oportunidad para llevar a cabo la tan necesitada reforma global, no sólo de nuestro proceso penal, sino de la Ley que regula el mismo.

Nuestra maltrecha Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha hecho mayor y sus achaques, cada vez más, le han restado calidad de vida al proceso penal. Nuestra vetusta Ley nunca ha sido mala; es vieja, pero no mala. ¿Se puede, si se me permite la comparación, decir que los Rolling son malos porque se han hecho viejos o que Sofía Loren no fue guapa porque ahora es ya una madurita interesante? Que cada uno se responda a sí mismo, pero con respecto a nuestra ley rituaria creo que, todos estamos de acuerdo, necesita una restauración completa y no un parche aquí y otro allá.

No siendo posible esa revisión global nos tendremos que conformar con lo que hay, reformas y más reformas que se van encajando como pueden y que, en muchos casos, hacen casi impronunciables hasta los artículo del cuerpo normativo, y sirva como ejemplo de lo dicho cualquier de los artículos dedicados  a las interceptaciones de las comunicaciones, los famosos 588, bis, ter, quater, quinquies, sexies…; menos mal que, al menos este último, no tiene punto g, y me refiero ahora al sexi, no al de la fuerza gravitacional de las primeras líneas.

Empezó el año 2015 con la anunciada reforma del Código Penal, la operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo. Con ella vimos como desaparecían las faltas y encajamos el primer golpe de ola, que no fue pequeño.

Nos encontramos con un nuevo procedimiento para el enjuiciamiento de delitos, en esta ocasión el de los leves.  Uno más de una larga lista que no tiene tendencia hacia la mesura sino hacia la desmesura. ¿Cuántos procedimientos tenemos ya?; cuento a día de hoy seis, alguno más que hace un año.

Además se trata de un procedimiento sin instrucción y que no precisa, en principio,  asistencia de letrado, ni presencia del Ministerio Fiscal en el juicio, salvo en los casos excepcionales previstos en la Ley.

La reforma dejó atrás muchas cuestiones sin resolver y nuevos problemas para el proceso penal, entre los más relevantes, una nueva injerencia de la oportunidad, incompatible con el principio de legalidad que rige nuestro sistema, como es la posibilidad de que el procedimiento se tenga que sobreseer, necesariamente, cuando lo solicite el Ministerio Fiscal; eso sí, siempre que el delito resulte de muy escasa gravedad -¿delitos leves de escasa gravedad?- y cuando no exista un interés público en su persecución; o dicho de otra manera, cuando se haya reparado el daño.

Esto puede ser tanto como decir que el Fiscal decidirá cuándo se acaba un procedimiento porque la materia es de escasa entidad y a nadie interesa, salvo, claro está, al que tenga que pasar por caja. Aunque probablemente también se le pueda dar otra lectura; así, que estamos en presencia de una oportunidad reglada, que por ser tal está permitida y no es incompatible con la legalidad, y que, en cualquier caso, no decide el Fiscal, sino que dándose los requisitos establecidos en la Ley, el Juez tiene que poner fin al proceso. Pues muy bien, admitimos pulpo como animal de compañía. Y es que, por algo se dice que el papel todo lo aguanta…

En conclusión, la primera reforma, en mi opinión, devastó el paisaje.

Pasadas apenas tres semana vimos como la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, que modificaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, trasponía la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales; y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.  Valoración positiva merece la reforma, que supuso un aumento en las garantías de aquellos sujetos que tuvieran que intervenir en el procedimiento.

En la misma fecha se aprueba también la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Y en esta ocasión tendríamos que decir que se produce una fuerte sacudida, no sólo del proceso penal, pero sin efecto, aparentemente, devastador del mismo. Muy al contrario, con dicha Ley, se cubre una exigencia de largo pedida por la criminología, y dentro de ella, específicamente por la victimología.

Dicho esto, no puedo dejar de poner de manifiesto mi profunda preocupación por la futura actuación de las víctimas en el proceso, porque, a pesar de que su situación fuera del mismo sufre una mejoría considerable, siempre me ha parecido que la Ley hace, inconscientemente, un llamamiento a la víctima para que evite constituirse en acusación particular. ¿Para qué tan molesta situación? ¿para qué volver a tener que enfrentarse una y otra vez a la tragedia y sufrir esa, ya tan conocida, victimización secundaria, si se le va a mantener igualmente informada sin acudir al juicio?

Creo que aquellos que han calificado el Estatuto de la Víctima como un hito para ésta en el proceso penal español (e insisto dentro del proceso, que no fuera de él), no han tenido en cuenta que algunos de los estados miembros ya garantizaban un nivel de protección muy elevado a las víctimas, como es el caso de España, que permite, sin limitación alguna, que las mismas se constituyan en acusación particular. En esta situación no ha lugar a tanta alharaca puesto que la Directiva Europea, en este ámbito, da a las demás víctimas lo que las de España ya tenían.

Sí resulta fundamental el reconocimiento de una serie de derechos y garantías fuera del proceso penal y especialmente en relación con la situación penitenciaria del reo, que van a permitir que las víctimas participen muy activamente en el seguimiento del cumplimiento de las penas por los citados reos.

Igualmente se ha de valorar la protección de estas víctimas frente a la divulgación por cualquier medio de los datos o señas que permitan su identificación.

Por lo tanto, con respecto a la Ley que introduce el nuevo Estatuto de la Víctima, suponiendo una sacudida, ha sido esta de las que espabilan y no de las que arrasan. Que así sean todas las que están por llegar.

Otras pequeñas reformas se introducen en algunos de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a lo largo del año. Así, la operada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; o la llevada a cabo por la Ley 26/2015, de 28 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Pero es el 5 de octubre cuando llega, la última gran reforma, la última gran ola, en este caso, de la mano de dos leyes: la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales; y la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica

En los últimos años, cada vez que se producía una reforma procesal en el ámbito penal, no dejaban de llover las críticas desde todos los flancos, pero en esta ocasión muchas  han sido también las alabanzas, aunque no faltan quienes llevados por un estado permanente de crítica y protesta ante cualquier cambio, la han calificado como el último embiste del legislador al proceso penal.

No cabe duda de que la reforma presenta aspectos desalentadores, como el nuevo procedimiento por aceptación de decreto, un engendro de pseudo monitorio penal, que nos vuelve a abocar al dichoso principio de oportunidad, con el que ya  hemos tenido que acostumbrarnos a vivir, aunque, le suframos en silencio.

También tremendo ha sido el cambio nominativo de imputado por investigado. Cambio ridículo donde los haya porque cambiando sólo el nombre poco se va a conseguir, ya dice el refrán, échame trigo y llámame gorrión.

No obstante lo dicho, las citadas reformas tienen aspectos positivos que, cumpliendo con lo prometido en el nombre, suponen un fortalecimiento real de las garantías procesales; no hay más que ver la nueva redacción de los arts. 118 y 520 de la LECrim. También, por fin, la generalización de la segunda instancia, que acaba con el horror de una reforma que nació coja, por modificar sólo la Ley Orgánica del Poder Judicial olvidando la correspondiente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha privado a las sentencias de las Audiencias Provinciales y de la Audiencia Nacional de recurso ordinario durante años. Ya sólo por esto, deberíamos agradecer que la ola haya barrido la playa y limpiado el paisaje de los turbadores chamizos que afeaban el entorno.

Polémica ha sido la fijación de la duración máxima de las instrucciones, aunque no por ello menos necesaria. Los jueces y magistrados han puesto el grito en el cielo, aunque muchos de ellos han, a la vez, reconocido que la mayoría de las investigaciones se pueden y deben completar en los periodos previstos.

Todo esto no nos puede hacer bajar la guardia pues quedan cuestiones pendientes de resolver, así, a pesar de la mejora que las reformas anteriormente indicadas han supuesto para la detención y de la prisión incomunicada, no podemos olvidar el Informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU, precisamente del año 2015, de las observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España, en donde se muestran entre los principales motivos de preocupación y recomendaciones, precisamente las condiciones de la privación de libertad y el régimen de incomunicación del detenido.

Tampoco hemos de olvidarnos de las Directivas pendientes de trasponer, como la de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en juicio de los sospechosos y acusados.

Sólo nos queda esperar que una vez restaurado completamente nuestro Poder Legislativo, su actividad vuelva, de nuevo, a producir no uno, sino muchos tsunamis, pero todos ellos de los que barren la costa y limpian el paisaje; mientras, disfrutemos de la calma estival y de la mar sólo revuelta por los chapoteos de los que intentan, como sea, librarse del calor sofocante de esta época. Buen verano.