default_mobilelogo

Blog

Rosa Rodríguez Bahamonde

Profesora Titular de Derecho Procesal

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

 

Las garantías jurídicas son imprescindibles, no se entiende el Estado de Derecho sin ellas, y son siempre insuficientes. Las garantías han de llegar a su máxima expresión, vigencia y protección en el proceso, más si cabe en el proceso penal. Reflejando esta preocupación, esta Asociación de Profesores de Derecho Procesal a la que tengo el orgullo de pertenecer adoptó el nombre de “Proceso y Garantías”. Me ha parecido oportuno, por tanto, que mi primera aportación a este blog se refiera a una garantía esencial de nuestro proceso penal, la presunción de inocencia, y en concreto utilizaré este espacio para subrayar la necesidad de reforzarla frente a la actuación de los medios de comunicación.

La historia de los derechos fundamentales está caracterizada por la tensión: tensión de los ciudadanos frente a los poderes públicos en la lucha por la consecución y consolidación de los derechos y tensión de los derechos reconocidos entre sí, pues ninguno de ellos es absoluto y sus límites vienen dibujados por el ámbito de otros derechos. Uno de los derechos fundamentales definidores del Estado de Derecho es la libertad de información, reconocido en el art. 20.1. d) de nuestra Constitución, en cuyo ejercicio los medios de comunicación son actores esenciales, aunque no exclusivos. El Tribunal Constitucional define la libertad de información como el derecho a difundir información noticiable y veraz, que no contenga expresiones vejatorias o afrentosas por cualquier medio de difusión, teniendo como límites la veracidad y el interés público de lo difundido. Según ha señalado el citado órgano, “la protección constitucional de la libertad de información alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa”. Pero no es una libertad absoluta, tiene sus límites en el respeto a otros derechos fundamentales como el derecho al honor o a la intimidad. Y creo que encuentra un límite importante en el respeto a la presunción de inocencia, aunque hoy en día parezca olvidado.

Señaló Muñoz Conde hace ya algún tiempo que “pocos principios jurídicos son tan fáciles de formular y tan difíciles de llevar a la práctica como el principio constitucional a la presunción de inocencia”. La presunción de inocencia se materializa en una doble dimensión: como regla de juicio y como regla de tratamiento.

Como regla de juicio, la presunción de inocencia viene referida a la valoración de la prueba en el proceso penal, reservada al juez o tribunal. Partimos de la absoluta inocencia del acusado y ésta sólo se desvirtúa mediante la aportación y valoración, más allá de toda duda razonable, de la adecuada prueba de cargo, declarándose la culpabilidad por Sentencia firme obtenida después de celebrarse el proceso con todas las garantías. Esta dimensión de la presunción de inocencia tiene, por tanto, un carácter exclusivamente procesal, y únicamente incumbe a los órganos competentes.

Como regla de tratamiento, la presunción de inocencia exige que el acusado sea tratado como si fuese inocente hasta que una condena judicial definitiva declare lo contrario, mereciendo entre tanto el derecho a exigir incondicionalmente, frente a todos, poderes públicos y particulares, la consideración y el trato de no autor o de no partícipe en hechos de carácter delictivo. Creo que en nuestra sociedad y en nuestras conciencias aparece como más grave la lesión a la presunción de inocencia cuando proviene de autoridades públicas - administrativas o judiciales- y que nos hemos vuelto muy permisivos con las agresiones que tienen otro origen, por ejemplo, cuando la garantía de presunción de inocencia resulta desconocida por los medios de comunicación.

Recientemente la Directiva 2016/343/UE, de 9 de marzo de 2016, ha abordado en parte este problema. La Directiva tiene como finalidad reforzar el derecho a un juicio justo en el proceso penal, estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos de la presunción de inocencia y al derecho a estar presente en el juicio. La norma debe aplicarse en cualquier fase del proceso penal, antes de adquirir firmeza la resolución final sobre si el sospechoso o acusado ha cometido la infracción. En esencia se considera que se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Por “declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas” debe entenderse cualquier declaración que se refiera a una infracción penal y que emane de una autoridad que participa en el proceso penal relativo a esa infracción penal, como por ejemplo las autoridades judiciales, la policía y otras autoridades con funciones policiales u otra autoridad pública, como ministros y otros cargos públicos, sin perjuicio del Derecho nacional en materia de inmunidad.

Además, la obligación de no referirse a los sospechosos o acusados como culpables no debe impedir, según la Directiva, que las autoridades públicas divulguen información sobre el proceso penal cuando sea estrictamente necesario por motivos relacionados con la investigación penal: “en cualquier caso, la forma y contexto en que se divulgue la información no deben crear la impresión de que la persona es culpable antes de que su culpabilidad haya sido probada con arreglo a la ley”. La Directiva exige a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para garantizar que, cuando faciliten información a los medios de comunicación, las autoridades públicas no se refieran a los sospechosos o acusados como culpables mientras no se haya probado con arreglo a la ley la culpabilidad de esas personas. A tal fin, los Estados miembros deben informar a las autoridades públicas de la importancia de tener debidamente en cuenta la presunción de inocencia cuando faciliten o divulguen información a los medios de comunicación.

Y hasta aquí las previsiones que recoge la Directiva sobre presunción de inocencia y su protección frente a los medios de comunicación, sin dar, en mi modesta opinión, solución al tema de fondo: el problema no es la forma en que las autoridades públicas divulgan la información sobre el proceso penal en curso; la cuestión pendiente, y de muy difícil resolución, es la protección de la garantía de presunción de inocencia de los sospechosos e investigados en causas penales, especialmente durante la instrucción cuando los medios de información presentan a los sujetos sometidos al proceso penal de tal forma que aparecen como culpables ante la sociedad.

Conviene tener muy presentes las manifestaciones del Comité de Derechos Humanos en su Observación General núm. 32 referida al art. 14 del PIDCP: “Los medios de comunicación deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia”. Creo que en un Estado democrático y de Derecho como el nuestro los derechos fundamentales y las garantías procesales constitucionalmente reconocidas nos vinculan a todos, a los poderes públicos muy especialmente, pero también a los individuos y a los entes privados. Los juicios previos o paralelos atentan contra la presunción de inocencia, vengan de donde vengan, tal vez de forma más grave y lesiva cuando se producen desde medios de comunicación, porque alcanzan gran difusión y provocan una situación de condena sin un previo proceso justo que una sociedad regida por un ordenamiento moderno y garantista debe rechazar.

Ana María Rodríguez Tirado
Profesora Titular de Derecho Procesal
Universidad de Cádiz
 
Como primera aproximación a un blog y, con sumo placer, al blog de la Asociación Proceso y Garantías, en el que es un orgullo participar y compartir este espacio con tan prestigios y notables compañeros, plantearé algunas cuestiones sobre el actual juicio verbal que, en mi opinión, camina hacia la complejidad y a perder, a pasos agigantados, el carácter de procedimiento simplificado.
Recordemos que, en la redacción originaria de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), la simplificación de trámites del juicio verbal se introdujo en aras de una mayor celeridad de la respuesta judicial a pretensiones de escasa cuantía en directa relación con su homónimo en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. El legislador de 2000 justificaba dicho diseño en que “sólo es conveniente acudir a la máxima concentración de actos para asuntos litigiosos desprovistos de complejidad o que reclamen una tutela con singular rapidez” (Exposición de Motivos).
De hecho, el juicio verbal se preveía para tramitar, por razón de la cuantía, pretensiones que no superasen los 3.000 euros. El legislador la subió a 6.000 euros.
En cuanto a las pretensiones que reclamen una tutela con singular rapidez, el legislador de 2000 recogió buena parte de los antiguos juicios posesorios, aparte de otros de carácter especial, camuflando bajo una aparente misma forma procedimental –plagada de especialidades según la materia- una tutela, sin duda, privilegiada. Esta lista de materias del art. 250.1 LEC se ha actualizado, en particular, en lo que concierne a la protección de consumidores y usuarios a través del ejercicio de la acción colectiva de cesación, cuya “no complejidad” es más que cuestionable.
Tras la reforma de 2015, se ha añadido la contestación por escrito con la posibilidad de que concluya sin celebración de la vista, es decir, íntegramente por escrito sin que las partes se hayan visto las caras ni siquiera la del juez. Según la Memoria del CGPJ de 2015, y según la propia fiabilidad que le confiere el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial a los datos estadísticos (en su propia memoria, plantea que ha de mejorarse la elaboración de las estadísticas judiciales), la duración del juicio ordinario (una media de 14 meses en 2014) duplica a la del juicio verbal (una media de 6,5 meses en 2014), sin haberse puesto aún en marcha el trámite de contestación por escrito. Lo que repercutirá en la duración media del juicio verbal.
No cuestiono que no haya una mejora en el derecho de defensa de ambas partes el que se introduzca, como norma general, la demanda ordinaria y la contestación por escrito en el juicio verbal, es decir, que las partes conozcan los argumentos de la otra antes de llegar a la vista. Lo que cabe plantearse es si el juicio verbal se comienza a asemejar al juicio ordinario, aunque sin el trámite de audiencia previa. Y lo que es aún más grave, con merma de los principios de oralidad, concentración e inmediación, en la que medida en que puede dictarse una sentencia tras transcurrir íntegramente por escrito. En contra, por tanto, de la filosofía que perseguía la LEC de 2000. ¿Si no hay una avenencia entre las partes cabe pensar, realmente, que, salvo despiste, las partes no van a pedir la celebración de la vista? ¿Y ésta no será necesaria, aunque no la pidan las partes, cuando se inicie con demanda sucinta/contestación sucinta para completar, cuando menos, el objeto del proceso y del debate?
Creo que el legislador ha errado en la concreción del ámbito con respecto al que sería posible disponer un procedimiento simplificado que transcurra prácticamente en unidad de acto sin que suponga una merma de garantías del justiciable. En todo caso, cabría pensar en un tipo procedimental simplificado en unidad de acto para procesos en que no se exija postulación procesal y el que se prevea la interrupción de la vista siempre que pueda quedar afectado el derecho de defensa como, por ejemplo, para proponer y practica prueba cuya necesidad se haya puesto de manifiesto en el acto de la vista.
También resulta cuestionable si las pretensiones que se tramitan por dicho cauce responden a esa idea de escasa entidad. Téngase en cuenta que se encauzarán por el juicio verbal los procesos cuya pretensión, si se determina el juicio verbal por razón de la cuantía, no supere los seis mil euros (art. 250.2 LEC). Quizás, esa cantidad o cantidades próximas a las mismas no sean nada desdeñables, sobre todo, en un periodo de crisis económica.
Aún menos cabe hablar de escasa entidad de la pretensión si se realiza la determinación del juicio verbal por razón de la materia. Por este procedimiento, se tramitarán pretensiones del art. 250.1 LEC, con independencia de que su interés económico pueda ser inferior, igual o superior a los seis mil euros (por ejemplo, el ejercicio de la acción de reclamación de rentas debidas, con independencia de su cuantía, en virtud del art. 250.1.1.º LEC), algunas de las que, por su propia naturaleza, presentan una mayor complejidad y con respecto a las que se prevén diversas especialidades  de mayor o menor calado. De nuevo, la tutela privilegiada camuflada bajo la forma de procesos declarativos ordinarios.
Reconozco que, en la medida en que se exija la asistencia técnica de letrado, el trámite de contestación a la demanda se hace preciso, por lo que, en ese sentido, es acertada su inclusión por el legislador, si bien el plazo de diez días para la contestación puede plantear problemas con el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o al planteamiento de la declinatoria por falta de jurisdicción o de competencia.
Además, al ser necesaria la postulación procesal, no parece quedar justificada la presentación de una demanda sucinta, por lo que es acertado, igualmente, la incorporación de la demanda ordinaria con carácter general. La demanda sucinta tiene sentido cuando cualquier persona, sin poseer conocimientos jurídicos, pueda presentarla en los casos en que no necesite actuar por medio de abogado, sin perjuicio del derecho previsto en el art. 33.2 LEC.
A pesar de estos aciertos, lo que cabría replantear el propio ámbito del propio juicio verbal y su estructura procedimental. El juicio verbal debería quedar para tramitar las materias realmente menos complejas o para procesos declarativos civiles cuya procedencia se determine por razón de la cuantía y ésta sea realmente “de escasa cuantía”. En tales casos tiene sentido contar con un procedimiento simplificado, pero la pregunta será ¿con qué estructura? ¿Concentrado y oral como hasta antes de la reforma de 2015?
En los demás casos determinados por razón de la materia incluidos en el actual ámbito del juicio verbal, la Ley de Enjuiciamiento Civil debería regularlos como procesos especiales con sus propias particularidades, cuando las haya, o, en otro caso, reconducirlos al juicio ordinario. El juicio de desahucio por falta de pago (e, incluso, por expiración del plazo legal) debería formar parte del conjunto de procesos especiales de la LEC: es un juicio dentro del juicio verbal con el que sólo tiene en común que, si hay oposición, se remite al cauce del juicio verbal, como hacen los procesos especiales ya previstos en la LEC.
Son sólo algunas reflexiones que muestran mi preocupación sobre la estructura de los procedimientos ordinarios de la LEC, en particular, del procedimiento simplificado por excelencia, el juicio verbal, a cuyos trámites se remiten supletoriamente los procesos especiales de la LEC.
Fernando Martín Diz
Profesor Titular de Derecho Procesal
Universidad de Salamanca
 
Permítame el cibernético lector una pequeña licencia en la aportación que sirve como estreno y apertura del Blog de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal “Proceso y Garantías”, simplemente para dejar constancia de mi agradecimiento a todos y todas los compañeros y compañeras que integran esta Asociación (constituida sin otro ánimo más allá del puramente científico que acompaña nuestra diaria dedicación al Derecho Procesal). Gracias por otorgarme el privilegio de “romper plaza” y abrir el paseíllo, responsabilidad que asumo, insisto, como miembro de la misma y desde la ilusión y la esperanza de que este blog sea una pequeña estrella en el firmamento jurídico nacional e internacional. Y para ello, he seleccionado un tema ciertamente polémico y provocador, por cuanto propugno, a título particular, una evolución del modelo constitucional procesal basado en el derecho a la tutela judicial efectiva hacia un derecho fundamental a justicia.
Somos conocedores de la prohibición general de autotutela y del monopolio de la Administración de la Justicia por parte del Estado, cerrando el paso al desarrollo de una “justicia” privada e individual a cambio de un acceso ordenado a través de un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva para la protección de sus derechos e intereses legítimos. Tomamos como elemento de partida el concepto procesal de acción, como uno de los tres conceptos nucleares del Derecho Procesal, concebida como derecho público subjetivo y procesal, ligado a la Jurisdicción, y configurando un derecho de acceso a la jurisdicción que se ha encarnado en el art. 24.1 de nuestra Constitución como derecho a la tutela judicial efectiva. Pues bien, en este momento histórico, en la situación actual, esa tutela efectiva, asignada desde el intitulado constitucional al proceso judicial, ha de dar un paso hacia adelante. Un paso hacia un horizonte más amplio de tutela jurídica, de protección jurídica, de acceso individual a la gestión de los derechos que corresponden o pertenecen legítimamente a cada ciudadano en el cual han de darse cabida de forma explícita o implícita a otras opciones ya existentes y factibles de obtener justicia. En ese sentido, las sintéticas ideas y bases que seguidamente expondremos, nos llevan a plantear, insistimos, de forma trasgresora para los cánones procesales habituales, la conversión del derecho a la tutela judicial efectiva en derecho a justicia.
Según las diferentes acepciones del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, justicia es una de las cuatro virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, además de definirla como aquello que debe hacerse según “derecho o razón”. Nos encontramos por tanto con una virtud que implica la necesidad de que cada persona disponga de aquello que es suyo y que en caso de conflicto se le atribuya según normas o sentido común. La dificultad se encuentra en el momento en que dicha atribución ha de realizarse conciliando voluntades divergentes sobre una misma cuestión, sobre un conflicto, sobre una desavenencia.
La posibilidad de elección está profundamente asentada en la cultura y en la sociedad contemporánea. En casi todos los aspectos vitales, ante cualquier circunstancia, se presentan múltiples alternativas, diferentes opciones. El dilema de resolver un conflicto, con connotaciones jurídicas, no es una excepción. Para resolver de forma jurídica y legal una situación de litigio o confrontación, disponemos de alternativas. Una, la más tradicional y asentada en nuestra tradición jurídica histórica, es el proceso judicial. Otras, en contraposición, al aunarse bajo el común denominador de su carácter extramuros del ámbito de juzgados y tribunales, de marcado acento extrajudicial (arbitraje, mediación, conciliación, negociación e incluso formas de nuevo cuño que combinan de forma híbrida alguna de las existentes y a las que se suman además todos los avances tecnológicos que se implementan en su utilización). Y todas, una y otras, responden a una necesidad básica del ciudadano y de la convivencia en sociedad: el derecho a justicia. Dar cuerpo a la virtud de otorgar, y respetar, lo que corresponde a cada persona. Si, tal cual, el derecho a justicia, sin la referencia del derecho “a la justicia”.
Constitucionalmente recurrimos al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, concentrado en exclusiva en su enunciado, y aplicación, a tutelar con el máximo nivel de garantía el acceso a los órganos jurisdiccionales cara a la satisfacción intereses dignos de protección jurídica. La realidad supera el marco constitucional, nos ceñimos de forma literal en el enunciado de los preceptos, al menos en el caso español y comunitario europeo de forma mayoritaria, a que la variante sea la netamente jurisdiccional, cuando se puede hacer “justicia” en diferentes sedes, modalidades y opciones, con cobertura legal, sin infracción de derechos fundamentales y de forma y manera plenamente segura a nivel jurídico. Todo ello sin que sea óbice, y así lo ha manifestado el propio Tribunal Constitucional en algunos de sus pronunciamientos, a que el ciudadano acceda, allí donde su facultad de disposición sobre el ejercicio de los derechos alcanza, a tutelar sus bienes jurídicos en opciones extrajudiciales que le otorguen la justicia pretendida.
El derecho a justicia, como ciudadanos, debe permitirnos elegir libremente cómo, cuándo y dónde resolver de forma legal, segura, ordenada, pacífica y estable nuestros conflictos. Es cierto que determinados condicionantes, algunos ya anticipados en esta opinión personal que aquí se expone, deben confluir y casar con este derecho, que no podrá ser indiscriminado y absolutamente arbitrario. El encaje del ejercicio personal y subjetivo del derecho a justicia ha de conciliarse con la integración individual de cada persona en la sociedad, es una sociedad democrática y de derecho como la que rigen las constituciones democráticas modernas. De este modo garantizar la seguridad jurídica y la protección de determinados bienes jurídicos y valores sociales que se erigen en indisponibles serán cortapisas que en determinados casos modularán o condicionarán el ejercicio del derecho a justicia o que, incluso, en algunas ocasiones impedirán su efectiva aplicación individual. Recordemos por tanto, que, en el ámbito del derecho penal, la comisión de determinados delitos que afecten a bienes jurídicos e instituciones supraindividuales (como puede ser la protección del medio ambiente, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública o la propia Administración de Justicia) excluirán de partida la reclamación a título individual para el ciudadano del ejercicio de su derecho a justicia en estas materias. Al igual que puede ocurrir en algunas, las menos, cuestiones del derecho privado, como pueden ser las vinculadas fundamentalmente al estado civil de las personas o al ejercicio de determinados derechos civiles que puedan a afectar a menores o incapaces.
Sin duda es una apuesta arriesgada el tratar de plantear un avance tan aperturista. Despojarse de las vestiduras procesales tradicionales, de corte clásico e invariable a las distintas épocas. Primero por la inercia de cómo se reviste el proceso judicial estructurado prácticamente en única vía para obtener justicia, retomando la acepción de la RAE, otorgando a cada uno lo suyo según derecho o razón –en este caso apenas posible al postergar la equidad como fuente primaria de derecho material e incluso de derecho procesal-. Pero nunca es tarde si la dicha, en forma y manera de derecho fundamental para el ciudadano, es buena. Hemos de vestir de acuerdo a los nuevos tiempos, a sus avances tecnológicos que permiten, o permitirán cada vez más y mejor, el acceso a la resolución de los conflictos desde casa, apenas sin desplazamientos espaciales y con una mayor inmediatez temporal. Hemos de variar el repertorio y ampliar el “fondo de armario”, más formas, colores y estilos, de corte autocompositivo y heterocompositivo: conciliación, negociación, mediación, arbitrajes sectoriales. E incluso las nuevas colecciones de diseño, que para sorprendan al ciudadano por atrevimiento y novedad, el “pret-a-porter” de impacto: med-arb, arb-med, círculos de sentencias, evaluaciones neutrales por expertos…
El derecho a justicia como elemento intemporal que ha de asentarse por ofrecer un abanico de alternativas completo (de naturaleza judicial y extrajudicial) en sintonía con los nuevos recursos de gestión personal de los derechos (acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación) y la cultura vigente de la autogestión y el gran margen de discrecionalidad de una expansiva utilización de la autonomía de la voluntad en el ámbito jurídico personal e individual (salvo en casos excepcionales). Y este modelo, podría sustentase además sobre una diferente concepción general de la Administración de la Justicia, plasmada en la reconversión de los actuales “Juzgados y Tribunales” en “Domus Iustitiae”, en las cuales se acogerían institucional y materialmente todas las opciones que facilitarían el derecho a justicia al ciudadano, ubicando en una misma sede los diferentes mecanismos procesales para la resolución de conflictos admitidos legalmente (proceso judicial, arbitraje, mediación, conciliación, etc.) en línea con los tribunales multipuertas ya establecidos en algunos países del mundo anglosajón.
Evidentemente, como miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal “Proceso y garantías”, no puedo olvidar mi compromiso con el lema que la define y la caracteriza, esto es: las garantías. Y por ello entiendo que la mayor, y mejor, garantía que se puede conferir al derecho a justicia es su consideración como derecho fundamental, propugnando la sustitución, mediante la pertinente reforma en el art. 24 de la Constitución Española, del vigente “derecho a la tutela judicial efectiva”, en cierto modo en vías de agotamiento, por el reconocimiento como derecho fundamental de todos los ciudadanos del derecho a justicia, entendido, de forma primigenia, como el derecho de todos y cada uno de los ciudadanos a elegir y utilizar en la forma legalmente prevista, con la garantía y seguridad jurídica normativamente dispuesta por el Estado, los diferentes medios de resolución de conflictos y litigios integrados en el ordenamiento interno del Estado de acuerdo a las condiciones, requisitos, presupuestos, procedimientos y efectos preestablecidos por la Ley.
Otorgar rango de derecho fundamental al “derecho a justicia”, dotarlo con los instrumentos necesarios y adecuados en forma de opciones judiciales y extrajudiciales para que cada ciudadano obtenga de forma jurídico-legalmente válida y segura lo que le corresponde o pertenece según derecho o razón y tutelar desde el Tribunal Constitucional, mediante el amparo, el ejercicio efectivo del mismo, son las garantías básicas que debieran rodear a este nuevo derecho, en cierto modo atrevido y rompedor según los cánones procesales y constitucionales vigentes. Sin duda que la propuesta es arriesgada por cuando implica reajustar el vértice del derecho procesal, tal y como lo hemos venido conociendo hasta ahora, desplazando su eje central desde el proceso judicial (que da nombre a la propia disciplina) hacia una estructura múltiple y con muchos más ángulos y vértices sobre otros ejes como puedan ser el arbitraje, la mediación, la conciliación, la negociación, las novedosas formas híbridas (arb-med y med-arb) de solución extrajudicial, e incluso las más avanzadas como los círculos de sentencias o la evaluación neutral por experto.
Nuevos tiempos pues. Nuevos retos. Nuevas propuestas. Nuevos derechos. O viejos derechos con nuevos ropajes, si así se quiere. Bienvenido sea, más pronto que tarde, el derecho a justicia, como evolución imprescindible y natural de nuestro constitucionalizado y sempiterno derecho a la tutela judicial efectiva.